En las ·ltimas dÚcadas las democracias de todo el mundo han acusado cierto anquilosamiento. Muchas veces la ley y la polÝtica se perciben como ajenas y las cßmaras legislativas, congresos y parlamentos, tienen dificultades para lograr consensos. Ademßs, a menudo los tribunales anulan las decisiones tomadas por los representantes electos.

Ante la ausencia de lÝderes polÝticos competentes, se ha tendido a recurrir a los tribunales para resolver cuestiones polÝticas y morales. Sin embargo, los fallos que puedan emitir los tribunales supremos de paÝses democrßticos, o el propio Tribunal de Estrasburgo, solo permiten zanjar provisionalmente los debates abiertos, pues las sentencias no apaciguan la divisi¾n social ni las posiciones encontradas que generan estos debates. Mßs bien al contrario, la ausencia de responsabilidad democrßtica de los jueces conduce a la radicalizaci¾n. Y, en particular, la extralimitaci¾n de los jueces, cuando lo que estß en juego son los derechos humanos, no puede compensar las deficiencias de la polÝtica.

En este texto, que nace en el seno de las Conferencias Reith 2019